Adicional al debate sobre si debería existir o no un régimen especial para las MIPYMES, debería aparecer la interrogante sobre el surgimiento o zozobra (de las MIPYMES) ante la adaptabilidad de los mecanismos legales y tributarios actuales. Adicional a esto están otros puntos como anticipo al ISR, la necesidad o no de la simplificación contable, la existencia o no de mejores plazos para pagar los impuestos y otros temas no menos relevantes sobre capacitación y acompañamiento al contribuyente.
_____________________________________________
Por: Solange Jimenez S.
Directora de Investigación
Innovaciones Sena
Crecimiento económico y calidad de vida, sin dudas, van de la mano tanto de una educación de calidad como del trabajo calificado. El empleo y la educación son derechos fundamentales de un Estado Social y Democrático de Derecho, que procura garantizar, entre otras cosas, el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y el trabajo.
En su artículo 62, la Constitución Dominicana expresa que “el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado […]”. El artículo 218 deja leer que “La iniciativa privada es libre. El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico.
En su artículo 55 sobre Derechos de la familia, entre otras cosas, la Constitución también expresa que “Se reconoce el valor de los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo de la Nación. El Estado garantiza y promueve el ejercicio efectivo de sus derechos, a través de políticas y programas que aseguren de modo permanente su participación en todos los ámbitos de la vida nacional y, en particular, su capacitación y su acceso al primer empleo”.
La Estrategia Nacional de Desarrollo se refiere al valor de la generación de empleo a través de la creación de nuevas empresas que generen procesos productivos de valor, faciliten la inserción al mercado laboral y permitan desarrollar las capacidades emprendedoras.
También menciona la necesidad de consolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica, impulsar un crecimiento económico alto, equitativo, sostenido y generador de empleos de calidad. Sin embargo, queda pendiente el desarrollo de mecanismos legales y tributarios que faciliten la apertura y permanencia de las MIPYMES, como bien considera la Ley de Emprendimiento, régimen especial para el fomento a la creación y formalización de empresas, llamada a fomentar la cultura emprendedora y promover la creación y permanencia de emprendimientos formales.
Las MIPYMES no surgirán o simplemente zozobrarán, de no facilitar su apertura y permanencia a través de mecanismos legales y tributarios adaptables. No solo se trata de si debería existir un régimen especial o no. Ya existe el debate sobre si los regímenes especiales promueven o no la competitividad. Sin embargo y antes de reñir sobre ese tema, está el asunto del anticipo al ISR, además de otras cuestiones como la necesidad o no de la simplificación contable en las MIPYMES, la existencia o no de mejores plazos para pagar los impuestos y otros temas no menos relevantes sobre capacitación y acompañamiento al contribuyente.
Es necesario no olvidar la importancia de fomentar la creación de propuestas incluyentes que, promuevan un Estado participativo que desarrolle nuevas capacidades y mejore la calidad de vida de la población.